El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo puso en análisis la actuación del fiscal Gustavo Herrera en el juicio por fraude que se le llevó adelante al exintendente de Cinco Saltos, Germán Epul, cuando sorpresivamente en los alegatos de cierre el funcionario judicial retiró la acusación contra el ex intendente y sólo sancionó a su secretario de Obras Públicas Diego Palacios, a quien sancionaron con 3 años de prisión en suspenso.
Crespo no solo ordenó una investigación interna sino que podría enviar las actuaciones a la Auditoría General, a fin de que se determine si el fiscal Herrera cometió irregularidades en el proceso.
Después de varios años de investigación el pasado 5 de junio el fiscal jefe de la 4ta circunscripción dio un giro inesperado que incluso sorprendió al mismísimo tribunal integrado por las juezas Alejandra Berenguer, Florencia Caruso y el juez Julio Sueldo, manifestando no tener dudas que Epul había actuado de forma «negligente» pero que no se pudo comprobar que haya cometido un delito.
Por el contrario apuntó todos los cañones contra Palacios a quien le dedicó la mayor parte de su presentación de 60 minutos ante el tribunal y dijo que era el secretario el ideólogo del plan delictivo por lo que le pidió 5 años de prisión efectiva. Luego el tribunal definiría 3 años de prisión en suspenso.
En cuanto a lo de Epul el tribunal de juicio, no tuvo demasiadas alternativas, y convalidó el pedido de Herrera porque es exclusivamente potestad del Ministerio Público a quien persigue penalmente y a quien no.
Como se recordará los hechos ocurrieron en la gestión Epul entre 2015 y 2019 fueron denunciados por la gestión siguiente a cargo de Liliana Alvarado por iregularidades en una licitación para la adquisición de adoquines. El Ministerio Público Fiscal tuvo años para realizar esta investigación e incluso Herrera dijo que fueron a fondo.
Lo de Herrera cayó muy mal a la Procuración. No solo por la política que baja el organismo, sino porque entienden que puede haber alguna irregularidad. Por eso se iniciaron actuaciones que investigará el auditor general del Poder Judicial.
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