La aprobación de una ordenanza para regularizar la situación de un terreno que originalmente pertenecía a la Municipalidad de San Patricio del Chañar derivó en una investigación judicial contra la viceintendenta Verónica González y la concejal Mónica Barrera.
La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén, que tiene previsto avanzar con la formulación de cargos durante una audiencia fijada para el próximo 19 de agosto en la Ciudad Judicial.
La denuncia fue presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión del intendente Gonzalo Núñez, quienes cuestionaron el procedimiento utilizado para regularizar el dominio de un terreno que terminó en manos de Barrera.
Según plantearon los denunciantes, la cesión del inmueble fue aprobada por el Concejo Deliberante, órgano que preside González en su carácter de viceintendenta, pero no habría seguido el procedimiento administrativo habitual.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la investigación apunta, en principio, a determinar si pudo configurarse el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque la calificación legal definitiva será establecida por la fiscalía al momento de formular la acusación.
La defensa rechazó la acusación
El abogado de Mónica Barrera, Mariano Mansilla, cuestionó la posible calificación del caso y sostuvo que la denuncia tiene un fuerte componente político.
El letrado señaló que su defendida pertenece a una familia reconocida de El Chañar y que, después de varios años de actividad privada, decidió incorporarse a la política, primero desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y posteriormente desde Comunidad.
Según Mansilla, las acusaciones estarían vinculadas al escenario político de la localidad luego de las últimas elecciones.
Respecto del terreno bajo investigación, el abogado sostuvo que Barrera lo adquirió hace aproximadamente diez años, cuando el inmueble ya no pertenecía al municipio, sino a otra mujer a quien la comuna se lo había adjudicado inicialmente.
Mansilla explicó que, luego del cambio de gestión ocurrido en 2023, se impulsó una ordenanza con el objetivo de regularizar la situación de los terrenos de la zona donde se encuentra el inmueble. Para los concejales denunciantes, en cambio, esa iniciativa habría sido utilizada para concretar una cesión irregular.
El abogado aseguró que su clienta está dispuesta a colaborar con la investigación y remarcó: “La defendemos judicial y políticamente”.
También señaló que la ordenanza cuestionada todavía no fue promulgada, por lo que, según su interpretación, sus efectos legales serían limitados.
Allanamientos en dependencias municipales
Mientras avanza la investigación, la fiscalía ya habría ordenado allanamientos en dependencias de la Municipalidad, con el objetivo de reunir documentación y otros elementos vinculados con el trámite del terreno.
La audiencia del 19 de agosto será ahora una instancia clave para conocer qué hechos atribuye concretamente la fiscalía a González y Barrera y bajo qué calificación legal avanzará la causa.
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