La privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia Federal. La Fundación Soberanía amplió en Neuquén la denuncia mediante la cual solicita que se investigue el proceso de licitación y, en caso de comprobarse irregularidades, se disponga su anulación.
La presentación sostiene que el procedimiento llevado adelante por el gobierno nacional habría respondido a un “mecanismo sistemático y planificado” destinado a subvaluar activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas, en presunta violación de las normas que regulan la administración pública.
Entre las compañías señaladas en la presentación figuran Edison, perteneciente al Grupo Neuss; Central Puerto, vinculada a Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.
Según el escrito, difundido este lunes por Ámbito, con la adjudicación de las represas se habría terminado de conformar “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.
La causa tramita ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca y actualmente el expediente se encuentra “en vista” en la Fiscalía.
Una “cadena de ilegalidades”
La ampliación de la denuncia describe lo que la Fundación Soberanía define como una “cadena de ilegalidades”, estructurada en cuatro puntos y con cuestionamientos dirigidos principalmente al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
Los denunciantes plantean:
- La elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
- La presunta subvaluación de los activos, a partir de la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y de lo que califican como una finalidad recaudatoria.
- La identificación de los presuntos beneficiarios y la reiteración de un mismo esquema en otros procesos de privatización.
- La consumación de la presunta irregularidad mediante un concurso “sin base” y la urgencia fiscal.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el papel que tuvo el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y que está conducido por Julio Villamonte.
De acuerdo con la presentación, no se habrían respetado los tiempos necesarios para que el TTN pudiera cumplir con la tarea de tasación para la que fue creado. En ese sentido, la Fundación sostiene que el objetivo del Poder Ejecutivo no habría sido obtener una valuación objetiva, sino generar las condiciones para justificar la imposibilidad temporal de intervención del organismo.
Las comunicaciones entre Energía y el Tribunal de Tasaciones
Como parte de la prueba presentada, la denuncia incorpora la secuencia de comunicaciones intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Según la Fundación, esa documentación demostraría una “evidente falta de buena fe administrativa” y la presunta construcción de una causal que permitió desplazar al TTN del proceso de valuación.
En ese punto aparece el BICE, cuya unidad de valuación comenzó a funcionar hace poco más de un año y que, según la denuncia, pasó a ocupar el lugar del Tribunal de Tasaciones por decisión del Ministerio de Economía.
La presentación cuestiona que las tareas de valuación hayan quedado en manos de una entidad financiera vinculada directamente con la cartera que conduce el proceso de privatizaciones.
“El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura”, sostiene el escrito, al advertir sobre los riesgos de una eventual subvaluación patrimonial y falta de transparencia en el procedimiento.
Para la Fundación Soberanía, la combinación entre la urgencia del Gobierno por obtener recursos y la falta de independencia que atribuye al organismo encargado de la valuación habría generado condiciones propicias para una eventual subvaluación de los activos estatales.
El cuestionamiento al método de valuación
Otro de los ejes de la denuncia está centrado en la metodología utilizada para establecer el valor de las empresas y las represas.
La presentación cuestiona específicamente el denominado método de Flujo de Fondos Descontados (FFD), al considerar que no constituye una tasación objetiva en los términos exigidos para los bienes del Estado, sino un cálculo basado en proyecciones financieras.
En ese sentido, cita al ingeniero Daniel E. Martín, integrante del Tribunal de Tasaciones de la Nación y autor del libro Ingeniería en Tasaciones, quien habría cuestionado la utilización de esa metodología para este tipo de valuaciones.
La denuncia plantea además una posible contradicción dentro del propio organismo, ya que Martín integra actualmente el tribunal que conduce Villamonte, mientras que la posición atribuida a este último defendería el método de flujo de fondos como una herramienta adecuada para tasar empresas públicas sujetas a privatización.
El escrito también recuerda que el propio Tribunal de Tasaciones habría utilizado en anteriores informes una metodología diferente y considerado al método patrimonial como el más apropiado para determinadas valuaciones de empresas.
El antecedente de la AGN y la “ganancia hipotética”
La presentación incorpora además antecedentes vinculados con la Auditoría General de la Nación y sostiene que el método de Flujo de Fondos Descontados no permitiría determinar un valor objetivo de los activos, debido a que se basa en expectativas futuras de rentabilidad.
En esa línea, cita la Norma 20.1 del Tribunal de Tasaciones, específicamente su apartado referido a la “Expropiación de empresas”, donde se recomienda utilizar el método patrimonial y se hace referencia a la Ley 21.499 y a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según la interpretación planteada en la denuncia, esos antecedentes establecen que una indemnización no debería contemplar “ganancias hipotéticas”.
Con estos argumentos, la Fundación Soberanía busca que la Justicia profundice la investigación sobre el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue y determine si existieron irregularidades en la tasación, licitación y adjudicación de los activos estatales.
La presentación apunta particularmente contra el esquema diseñado desde el Ministerio de Economía y sostiene que la combinación de una valuación cuestionada, la intervención de organismos dependientes de esa cartera y la urgencia por concretar el proceso habría generado un escenario susceptible de perjudicar al Estado nacional.
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