Una joven de Cinco Saltos denunció a su madre y al padrastro por presuntos hechos de violencia familiar y, tras la intervención de la Justicia de Paz, se dispusieron medidas de protección para resguardar su integridad mientras el caso continúa su trámite en el fuero de Familia.
La denuncia fue radicada el 31 de julio en la Comisaría de la Familia. Allí la joven sostuvo que tanto su madre como la pareja de ésta la sometían a malos tratos y agresiones físicas.
Según su relato, el episodio más reciente ocurrió el 30 de julio, cuando mantuvo una discusión con su madre que habría derivado en una agresión física. Afirmó además que el padrastro también intervino durante el incidente y que, como consecuencia de los golpes, quedó «atontada». En la presentación también manifestó haber recibido insultos y amenazas por parte de su progenitora.
Tras el hecho, la denunciante abandonó la vivienda familiar y se trasladó a la casa de la familia de su novio. En ese contexto solicitó medidas de protección.
Al analizar el caso, el juez de Paz Enzo Espejo, consideró que existía un riesgo potencial para la integridad psicofísica de la joven si la situación continuaba sin intervención, por lo que resolvió adoptar medidas cautelares con una vigencia de 90 días, plazo durante el cual también deberán evaluarse los antecedentes en el fuero de Familia.
La resolución, firmada junto al secretario letrado Mariano Larrasolo, prohíbe a la madre y al padrastro acercarse a la denunciante, tanto a su domicilio como a cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en espacios públicos o privados. También les impide mantener cualquier tipo de contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.
Además, fueron advertidos de que el incumplimiento de estas restricciones podría derivar en una causa penal por desobediencia judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal.
Como parte de las medidas, ambos deberán realizar de manera obligatoria un tratamiento psicoterapéutico con programas orientados a la prevención y erradicación de la violencia familiar, con el objetivo de modificar conductas violentas y asumir responsabilidad por sus actos. Para ello deberán concurrir de inmediato al área de Salud Mental del Hospital de Cinco Saltos u otra institución especializada.
La joven, por su parte, también fue derivada para recibir asistencia médica y psicológica a través del sistema público de salud o de organismos especializados en la atención de víctimas de violencia familiar.
Finalmente, el magistrado ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Familia de turno, donde continuará el proceso conforme a lo establecido por la Ley Provincial 3040. En esa instancia, las partes deberán contar con representación legal particular o, en caso de no disponer de recursos, podrán solicitar el patrocinio gratuito de la Defensoría de Pobres y Ausentes.




















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