La jueza Natalia González tuvo por formulados este jueves los cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la misma resolución, también imputó a Sebastián Ocampo como partícipe necesario de los hechos investigados.
La decisión fue adoptada durante la continuidad de la audiencia iniciada días atrás en los Tribunales de General Roca, donde la Fiscalía sostiene que un teléfono celular adquirido con fondos municipales y cuya línea continuó siendo abonada por la comuna habría sido utilizado por una persona ajena a la estructura del Municipio.
Según la acusación impulsada por la fiscal Celeste Benatti y la fiscal jefa Graciela Echegaray, se trata de un teléfono Samsung A34 que habría terminado en manos de Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo formal dentro de la administración municipal.
Durante la audiencia, la magistrada también rechazó un planteo de las defensas que buscaba excluir del expediente la declaración de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morel. Los abogados sostenían que la exfuncionaria no podía ser considerada testigo por haber intervenido en el proceso administrativo de compra del dispositivo. Sin embargo, González entendió que no existe una situación de autoincriminación ni elementos que justifiquen apartar su testimonio de la investigación.
La Fiscalía sostuvo que la causa se encuentra respaldada por documentación, informes técnicos y declaraciones de empleados municipales, además de registros vinculados al uso del teléfono investigado. También remarcó que no existe documentación que justifique formalmente la entrega del aparato, como sí ocurrió con otros dispositivos corporativos mediante contratos de comodato.
Por su parte, las defensas de Román y Ocampo cuestionaron la evidencia reunida y afirmaron que no existe prueba directa que demuestre que el intendente entregó personalmente el teléfono al empresario.
Tras resolver la formulación de cargos, la jueza fijó un plazo de dos meses para que la Fiscalía continúe con la investigación. El Ministerio Público había solicitado cuatro meses, pero González consideró que las medidas pendientes pueden realizarse en un plazo menor.
La causa se originó en junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen. Desde entonces se realizaron allanamientos, secuestro de documentación, análisis de dispositivos y diversas medidas de prueba. Con la resolución conocida este jueves, la investigación avanzó formalmente a una nueva etapa procesal.
You must be logged in to post a comment Login