La Justicia de Río Negro deberá resolver el próximo 17 de junio si avanza con la formulación de cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, y el director de una radio FM Sebastián Ocampo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la utilización de fondos municipales.
La audiencia se realizó este lunes en la Sala 2 de los Tribunales de General Roca. Allí, la fiscal Celeste Benatti y la fiscal jefa Graciela Echegaray solicitaron imputar a Román por los delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que atribuyeron a Ocampo una participación necesaria en los hechos investigados.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, un teléfono Samsung A34 adquirido por la Municipalidad de Allen por $479.999, junto con una línea corporativa abonada con fondos públicos, habría sido utilizado por Ocampo pese a no desempeñar funciones dentro de la estructura formal del municipio.
Durante la audiencia, Benatti sostuvo que Román autorizó la compra del equipo y permitió posteriormente que quedara en manos de una persona ajena a la administración. Además, afirmó que Ocampo utilizaba el dispositivo para impartir directivas a empleados municipales e intervenir en cuestiones de gestión sin contar con designación oficial.
Para respaldar esa teoría, la Fiscalía presentó testimonios de trabajadores municipales, documentación administrativa, registros telefónicos, grupos de WhatsApp y otras pruebas incorporadas durante la investigación.
Entre los testimonios mencionados se destacó el de la exsecretaria de Hacienda de Allen, Griselda Morel, quien habría señalado que Ocampo participaba de decisiones vinculadas al funcionamiento municipal pese a no ocupar ningún cargo. Según la Fiscalía, también declaró que Román lo presentaba como su “mano derecha” dentro de la gestión.
Por su parte, la defensa del intendente rechazó las acusaciones y cuestionó especialmente el rol de Morel en la investigación. El abogado Matías Rubio sostuvo que la exfuncionaria intervino en el procedimiento administrativo mediante el cual se adquirió el teléfono y afirmó que la compra se realizó conforme a los mecanismos previstos por las ordenanzas municipales.
Rubio solicitó además que el testimonio de Morel sea excluido de la causa y aseguró que no existe evidencia suficiente para imputar al jefe comunal. También señaló que el día en que se concretó la compra y entrega del aparato, Román se encontraba en Neuquén realizando una operación comercial particular, situación que —según indicó— puede acreditarse documentalmente.
A su turno, el abogado de Ocampo, Federico Diorio, cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía y pidió revisar la aplicación de la figura de administración fraudulenta. También sostuvo que existen contradicciones en declaraciones testimoniales incorporadas al expediente y consideró que el caso presenta un componente político.
La investigación se inició el 26 de junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen. Desde entonces se realizaron allanamientos, análisis de teléfonos celulares, secuestro de documentación y toma de declaraciones a empleados municipales.
La Fiscalía sostiene que el uso del teléfono es parte de una relación más amplia entre la gestión municipal y Ocampo, mientras que las defensas afirman que la adquisición del aparato se realizó de manera regular y rechazan la hipótesis acusatoria.
Al finalizar la audiencia, Román aseguró desconocer el teléfono atribuido a Ocampo y afirmó que actualmente no mantiene con él ningún vínculo laboral ni político. Según expresó, ambos conservan únicamente una relación de amistad.
La definición judicial sobre la formulación de cargos quedará en manos de la jueza González, quien retomará la audiencia el próximo 17 de junio a las 8.
Foto: Tania Domenicucci para ANR
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