El Ministerio Público Fiscal acusó al intendente de Campo Grande Daniel Hernández, dos concejales, un ex secretario de Gobierno y una vecina por defraudación a la administración pública agravada. El perjuicio económico podría superar los 137 mil dólares.
La definición fue este jueves en el Foro Penal de Cipolletti. La Fiscalía formalizó cargos contra cinco personas vinculadas al municipio de Campo Grande, entre ellas a su actual intendente Daniel Hernández, por la adquisición irregular de 14 lotes destinados a la construcción de la Escuela Primaria N° 300, en la localidad de San Isidro.
La operación, realizada en septiembre de 2024, implicó el pago de 204 millones de pesos —equivalentes a 165.182 dólares en ese momento— por un predio que la Fiscalía valora en apenas 28 mil dólares como lote unificado.
Los imputados
Daniel Alberto Hernández, presidente del Concejo Deliberante (Intendente) de Campo Grande. Facundo Pinilla, concejal en ejercicio y ex secretario de Gobierno y Hacienda del municipio. Defensa pública a cargo del Dr. Bridges.
Rosa Angélica Mesonero, concejal en ejercicio. Sandra Isabel Fuentes, ex concejal. Vanesa Alejandra Sánchez, particular con actividad en servicios inmobiliarios.
La maniobra
Según el relato fiscal, uno de los imputados vendió los lotes al municipio presentándolos como propios cuando, en rigor, solo contaba con un boleto de compraventa. Para agravar el cuadro, los terrenos figuraban registralmente como un lote único y fueron comercializados de forma subdividida en 14 fracciones. La compra no pasó por el Concejo Deliberante, como exige la Carta Orgánica, ni contó con tasación previa ni informes de dominio.
La Fiscalía también investiga la génesis del negocio que habría cortado una ruta para reclamar tierras para la escuela, instalándose una vocera de un grupo de padres y luego ofreciendo la venta del predio a un precio muy por encima del valor de mercado. El perjuicio estimado oscila entre los 68.782 y los 137.182 dólares, según se tome como referencia la subdivisión o el lote unificado.
La causa llegó a la Fiscalía por una denuncia de dos concejales que advirtieron irregularidades en la operación.
Las defensas rechazaron la acusación
Los tres abogados defensores —dos particulares y el defensor oficial— objetaron la acusación. Coincidieron en que no existe maniobra defraudatoria y que las pruebas son insuficientes. Respecto a los concejales, argumentaron que estos no tienen manejo directo de las arcas municipales. El juez de Garantías, sin embargo, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses tras considerar que se cumplieron los requisitos legales para aceptar la formulación de cargos.
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