Tal como estaba programado se realizó ayer en Cipolletti una breve audiencia en la que la jueza de Garantías, Agustina Baglioni, determinó no admitir la solicitud que tanto los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Cinco Saltos como el ex trabajador municipal, José Rainao pueden actuar como querellantes en la causa en la que se investiga la denuncia, formalizada por ellos mismos contra el intendente Enrique Rossi, otros dos funcionarios y un proveedor local por supuestas irregularidades en la contratación de servicios.
Como se había informado la audiencia tenía por objeto solo determinar si Omar Torres y Gabriela Dergo, integrantes del Tribunal de Cuentas y José Rainao, representados por la abogada Gabriela Prokopiw, podían ser querellantes en la causa.
Con dos argumentos distintos la jueza adoptó tal actitud. En el caso de Rainao por estar en carácter de imputado a partir de la ampliación de la investigación de la Fiscalía por haber recibido pagos en su cuenta bancaria y en su plataforma de Mercado Pago.
En el caso de las integrantes del Tribunal de Cuentas la resolución es mas formal, ya que los dos vocales forman parte de un órgano colegiado y se han arrogado una representatividad que no es tal, al no haberse realizado el acto administrativo correspondiente con la participación y opinión de la presidente del cuerpo.
La abogada de Rainao y de los integrantes del TC, Gabriela Prokopiw manifestó que «hemos hecho la reserva correspondiente ya que entendemos que la no habilitación como querellantes de los integrantes del Tribunal es solo un formalismo, ya que el quorum está porque se reunió la mayoría del cuerpo, tal como lo aclaré en la audiencia anterior».
En declaraciones a radio Ciudad 94.5 la abogada agregó que «en cuanto a José no quedó claro las nuevas pruebas que manifestó tener el fiscal y de hecho nosotros hemos pedido el apartamiento de Herrera y presentamos ante la Procuración y Fiscalía General una amplia denuncia contra el Fiscal, porque no queremos que vuelva a pasar lo mismo que pasó con el caso Epul».
Agregó que «por lo pronto presentaremos la documentación que solicitó la jueza y demostraremos que la resolución de los integrantes del Tribunal de Cuentas se ajusta a los normado en cuanto al quorum en los artículos 96 y 97 de la Carta Orgánica Municipal, y que esto sucedió porque la presidenta se llevaba los papeles y firmaba en su casa todas las rendiciones».
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