Las legisladoras Martina Lacour (PRO) y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) presentaron un proyecto de ley que busca poner fin a la afiliación obligatoria al IPROSS, permitiendo a los trabajadores del Estado optar libremente por otras obras sociales o prepagas.
La iniciativa propone modificar la Ley K nº 2753 para que el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROS) brinde cobertura exclusivamente a “todo ciudadano que voluntariamente adhiera al seguro”.
Históricamente, los empleados rionegrinos han conformado una “población cautiva” obligada a aportar a la obra social estatal. Según los fundamentos del documento, el objetivo fundamental es “promover la libertad de elección en materia de salud para todos los empleados públicos provinciales de Río Negro, terminando con un sistema que desconoce el derecho individual de elegir la cobertura médica adecuada”.
El proyecto de ley reingresa al recinto tras haber caducado su trámite anterior (Proyecto 447/24). Su reactivación se fundamenta en los problemas crónicos del I.PRO.S.S., marcados por “desafíos estructurales vinculados a la sustentabilidad financiera del sistema, demoras en la provisión de prestaciones, tensiones con prestadores y reclamos recurrentes de afiliados”.
En sintonía con la desregulación impulsada a nivel nacional por el DNU 70/2023, las autoras afirman que abrir la oferta a prepagas y obras sociales sindicales fomentará la competencia y mejorará los servicios. Frente a las críticas, el documento aclara categóricamente: “La posibilidad de optar libremente por la cobertura de salud no implica el debilitamiento del sistema público provincial, sino que, por el contrario, puede contribuir a su fortalecimiento”.
De sancionarse, la ley representaría un cambio de paradigma en la administración pública provincial, obligando a la obra social del Estado a retener a sus afiliados mediante la transparencia, eficiencia y la mejora de su gestión.
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