La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos determinó convocar a audiencia de formulación de cargos para el próximo 23 de febrero al presidente del Concejo Municipal de Campo Grande, Daniel Hernández, a su secretario de Gobierno y Hacienda Facundo Pinilla y las concejales Rosa Mesonero y Sandra Fuentes, a quienes se les imputa el delito de defraudación contra la administración Pública agravada por ser cometida por funcionarios públicos y a la señora Vanesa Sánchez por haber vendido al municipio lotes por valor de 204 millones de pesos, sin que fueran de su propiedad, ya que no pudo acreditar fehacientemente ser titular de los mismos.
La investigación del Fiscal Gustavo Herrera surgió a partir de una denuncia del concejal de Primero Río Negro Patricio Ñewin, que sobre fines de septiembre de 2024 se presentó en la justicia luego de agotar las instancias institucionales de pedir junto a la concejal Mónica Gunkel por nota al titular del Concejo la revisión del acto realizado sin respetar las ordenanzas en vigencia ya que no tiene facultades para realizar tal adquisición sin conocimiento del resto del cuerpo deliberativo.
En la oportunidad Ñewin manifestó que además de este grave incumplimiento, el intendente está comprando lotes que carecen de identificación catastral, título de propiedad o algo que respalde la titularidad de los mismos y que además no tienen ningún tipo de infraestructura de servicios, e incluso pagando un excesivo monto que no coincidía con los valores de mercado.
El fiscal manifiesta en la imputación que Hernández cometió varios incumplimientos como no haber recibido el voto de las ⅔ partes del Concejo Municipal (conforme Carta Orgánica en su art. 161), j), la justificación de una erogación extraordinaria que terminó afectando otras partidas del presupuesto, la falta de declaración de utilidad pública por parte del Concejo y la falta de tasación previa y sin informes de dominio del inmueble.
Dice también que “para concretar esta adquisición, los imputados co-actuaron en connivencia y de manera directa con Vanesa Alejandra Sánchez, quien hizo las veces de vendedora y que la maniobra defraudatoria, probablemente comenzó mucho tiempo antes, pues la imputada Sánchez y el imputado Pinilla los días 26 al 28 de julio de 2023, fueron parte de la organización del corte de la ruta Provincial N° 69, a la altura de la localidad de San Isidro, presionando para que se produjera la compra de las tierras”
Sánchez se presentó ante autoridades provinciales de Educación como como representante de los “padres” mientras que Pinilla hoy secretario de Gobierno y gestor de la adquisición de las tierras, fue el abogado y asesor de los manifestantes que interrumpieron la circulación por la ruta 69, presionando a las autoridades públicas para la compra de dichas tierras.
Al ser consultado el concejal Ñewin por la acción de la justicia señaló que “estas son las cosas que debemos cuidar y preservar en el manejo de la cosa pública. Por supuesto que estamos de acuerdo en la compra de tierra para incorporar al municipio para acompañar el crecimiento de nuestro pueblo y destinarla a la construcción de viviendas, radicación de empresas que generen mano de obra, instalación de establecimientos educativos, de salud o seguridad, pero debemos hacerlo cumpliendo con la ley”.
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