El Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes que se declare penalmente responsables a los tres imputados en la causa por administración fraudulenta vinculada a la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio. Tras el cierre del juicio, se informó que la lectura del veredicto se realizará el próximo 26 de diciembre.
Durante su alegato final, el fiscal sostuvo que a lo largo del debate quedó acreditada la participación de los tres acusados, aunque con distintos grados de intervención. Señaló que dos de ellos asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, ejecutando materialmente la maniobra fraudulenta.
Según detalló, a estos dos imputados se les rendía el dinero recaudado por las cobradoras y por gran parte de los bomberos. Sin embargo, los fondos no fueron depositados en el banco, ni registrados, ni se entregaron los recibos correspondientes, lo que permitió ocultar el monto real recaudado y obtener un lucro indebido.
En cuanto al tercer imputado, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión Directiva, el fiscal afirmó que también es responsable, ya que fue el organizador inicial de la rifa y luego delegó su administración. Pese a las sospechas existentes, continuó vendiendo y cobrando rifas, lo que le habría permitido beneficiarse económicamente.
“El caso configura una coautoría mixta, tanto por acción como por omisión”, sostuvo el fiscal, al señalar que el presidente de la comisión tenía el deber de impedir la defraudación y no lo hizo, perjudicando los intereses que le habían sido confiados.
Por su parte, los dos defensores públicos y el abogado particular de los imputados solicitaron la absolución, al considerar que no se logró probar la participación de sus asistidos. La defensa del expresidente de la Comisión Directiva argumentó que existió una toma ilegítima de la administración por parte de otros involucrados, lo que habría derivado en la defraudación.
La investigación se centró en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 2021, con el lanzamiento de la rifa denominada “Gran bono contribución”. Se imprimieron 2.500 cartones, de los cuales se vendieron 1.778, cada uno con diez troqueles de pago mensual. El dinero recaudado tenía como objetivo la compra de una autobomba usada en Holanda y la adquisición de insumos para el cuartel, así como un automóvil que sería el premio principal y que nunca fue adquirido.
De acuerdo con la Fiscalía, la recaudación estimada fue de al menos 8.317.000 pesos, aunque aún se desconoce el destino de 3.021.483 pesos, una suma que, actualizada, rondaría los 59 millones de pesos.
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