Dirigentes y militantes peronistas de Campo Grande pidieron a las autoridades del Partido Justicialista que consideren la expulsión del legislador Pedro Dantas, por inconductas partidarias. Le achacan dos hechos: haber trabajado para la lista de Juntos Defendemos Río Negro en la campaña de octubre pasado, y por haber impulsado la renuncia del secretario de Gobierno del municipio, Facundo Pinilla, por no adherir a la lista que encabezaba Facundo López y por el contrario haber acompañado a la lista del peronismo y participar de un acto de Martín Soria en Villa Manzano.
Esto ocurrió en los primeros días de octubre e involucró además a dos concejales que al igual que Pinilla se sumaron al acto partidario del partido con el que se sentían identificados, que es ni mas ni menos el partido por el que Daniel Hernández llegó a ocupar el cargo en las elecciones realizadas en la localidad el 8 de octubre de 2023.
Según lo publicado en estas páginas el 9 de octubre de este año, la orden impartida por Dantas y ejecutada por Hernández se cumplió y todo se mantuvo en un cerrado hermetismo en el que ni el legislador ni el intendente, ni los afectados por la medida quisieron referirse al tema.
Durante el reciente Congreso del PJ realizado en Roca el dirigente de Cinco Saltos, Raúl Maglioni también denunció la actitud asumida por Dantas y amplió el pedido de expulsión del legislador representante del circuito Alto Valle Oeste, formalizado en una nota ante el Consejo partidario.
El presidente del cuerpo, Sergio Hernández habilitó el inicio del proceso, corriendo traslado al Tribunal de Disciplina del partido, para que realice las actuaciones que corresponda, realice una investigación y garantice el derecho de defensa de Dantas.
Los consejeros actuantes, además de Hernández, fueron José Luis Berros, Natali Giordanella, Mauro Tamburrini, Rosa Oses, Hector Leineker, Alberto Pacenti, Fabian Pilquinao, Maria Eugenia Martini, Gerardo Martinez, Martin Castro, Claudia Montanaro, Ana Marks, Luis Ivancich, y Daniela Salzotto.
Ahora, el Tribunal tiene 45 días para actuar e informar al Consejo de la decisión tomada.



















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