La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto presentado por la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla que busca eliminar una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur). La iniciativa se aprobó por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra.
El oficialismo justificó la eliminación de esta contribución con el argumento de que se trata de una “carga obligatoria impuesta a terceros totalmente ajenos a la actividad sindical” y que no existe una contraprestación o beneficio para quienes la abonan.
Yolanda Mansilla explicó que la iniciativa busca eliminar un “impuesto encubierto” o “peaje sindical” que la ciudadanía rionegrina debe afrontar para iniciar un proceso judicial. Mansilla sostuvo que esta contribución incrementa los costos para litigar, “violando el principio de que la justicia debe ser lo menos gravosa posible y al alcance de todos”.
La legisladora argumentó que no corresponde al Estado establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical, la cual debe “autosolventarse” a través de sus afiliados. Aseguró que el proyecto se fundamenta en los principios de igualdad y de legalidad tributaria, buscando liberar a la sociedad de este pago que considera “totalmente injusto”. Para los rionegrinos, el costo de este aporte debe ser “cero peso”.
Lucas Pica (JSRN) calificó el financiamiento como “anómalo” y “contra natura”, destacando que Río Negro es la única provincia con una contribución de estas características. Afirmó que la contribución es un “privilegio” y que la derogación constituye una “reparación histórica para los 750.000 rionegrinos que son potenciales pagadores de esta tasa”.
Pica criticó que el Sindicato se negara a informar cuánto dinero recauda anualmente por este concepto, estimando que “la cifra actual podría superar los 200 millones de pesos anuales”. Sostuvo que la derogación no afecta la actividad gremial, ya que el gobierno actual ha fortalecido la negociación colectiva.
El legislador Santiago Ibarrolaza centró su intervención en la necesidad de garantizar un acceso más asequible a la justicia para los rionegrinos y en la coherencia de la reforma propuesta. Sostuvo que la contribución nunca debería haber existido porque es “injusto” y “arbitrario”.
Felicitó a la legisladora Mansilla por el “coraje de avanzar con un proyecto de ley que en algún punto representa a muchos de los abogados que litigamos en esta provincia”. Destacó la situación común en la que los ciudadanos (“doña Rosa”) se ven obligados a pagar varios costos al iniciar una demanda, incluyendo la tasa de justicia, el aporte al Colegio de Abogados y el “bono de Sitrajur”. Argumentó que estos costos, en conjunto, provocan que las personas, especialmente “los que menos tienen,” decidan no presentar sus reclamos y “se da vuelta y se va a la casa” sin iniciar ninguna demanda.
El legislador Javier Acevedo (CC Ari- Cambiemos) acompañó la derogación, señalando que la medida busca la “equidad frente a la ley y el derecho del ciudadano a poder litigar sin costos arbitrarios”. Indicó que los sindicatos deben sostenerse con aportes de sus afiliados, mediante “mecanismos legítimos, voluntarios y no con un mecanismo de impuesto encubierto”.
Acevedo propuso, junto con el legislador Santiago Ibarrolaza, que para la segunda vuelta se incorpore la derogación del artículo 135 de la Ley 5731, el cual otorga un aporte similar a los Colegios de Abogados.
Por el bloque Pro Unión Republicana, Juan Murillo, sostuvo que el ciudadano no debe tener que pagarle a Sitrajur para acceder a los tribunales.
Argumentó que esta contribución constituye un “privilegio”, y que la derogación corrige un “error que, reitero, creo que nunca tendríamos que haber discutido porque nunca tendría que haber existido”. El proyecto busca que la justicia sea “lo más accesible posible”, garantizando que ningún ciudadano tenga que pagar un “tributo injusto para ejercer un derecho básico que es el acceso a la justicia”.
Afirmó que “la justicia tiene que ser un derecho para todos y no un negocio gremial”. El orador aclaró que la medida no es “en contra del gremio, ni de los gremialistas ni de los trabajadores, sino es poner las cosas en orden”.
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, enfocó su intervención en la naturaleza del aporte obligatorio a Sitrajur, calificándolo como un privilegio injusto que no beneficia al ciudadano común.
Consideró que la discusión central era sencilla: “definir si se está de acuerdo o no con que los rionegrinos paguen un porcentaje (el 2 por mil) a un sindicato cada vez que tienen un conflicto patrimonial”. Argumentó que el aporte constituye un “privilegio” y una “cuestión de casta sindical, ya que las organizaciones gremiales deberían financiarse con las cuotas de los afiliados que voluntariamente deciden sumarse, no de la ciudadanía general”.
Sostuvo que el 2 por mil se destina exclusivamente al uso del sindicato y no beneficia a los trabajadores judiciales. Indicó que la ley busca que los ciudadanos no paguen un porcentaje a un sindicato que no los representa, que no conocen, y que ni siquiera tiene “las ganas de explicarle cómo o en qué la gastan, ni cuánto ni cómo”.
López enfatizó que el proyecto no está diseñado para resolver la crisis del sistema de justicia, como planteó Magdalena Odarda. Su único objetivo es derogar el 2 por mil que paga cualquier rionegrino que no tiene nada que ver con el sindicato. Además, criticó la actitud de la oposición, señalando que buscan hacer un “circo” con un “escenario mentiroso de la polarización” para engañar a los rionegrinos.
Reafirmó que el propósito del proyecto es “sacar un privilegio que tiene un sindicato”, insistiendo en que el sindicato debe buscar el financiamiento mediante el aporte de sus afiliados.



















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