En las elecciones provinciales de abril del 2023, Primero Río Negro -que es el partido creado por Ariel Rivero- obtuvo algo más del 9% de los votos y consiguió dos bancas, que correspondieron a la doctora Yolanda Mansilla y a César Domínguez
A pocos días de la jura, las diferencias se expusieron y Domínguez se apartó con Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, también disidentes aunque del PRO, y solicitaron otra bancada, denominada La Libertad Avanza, cuyo reconocimiento todavía no se concretó.
La actitud de Domínguez derivó en reacciones del partido, incluyendo el trámite de revocatoria de la banca obtenida.
Recientemente, la Justicia Electoral tuvo una primera opinión. El fiscal Hernan Trejo convalidó el pedido de Primero Río Negro y trasladó el expediente al juez Carlos Da Silva, que determinará finalmente si ratifica a Domínguez o, por lo contrario, restituye la banca al partido.
Opinión de la Fiscalía Electoral
La petición del Partido Primero Rio Negro, patrocinado por Mauricio Merlotti, está centrada en la pérdida de la banca por parte del legislador Cesar Rafael Domínguez y se argumenta que “pretende crear otro bloque político”, lo cual, “iría en contra de los aspectos esenciales de la Plataforma Electoral” de Primero Rio Negro.
En su defensa, Dominguez niega incumplimiento del Art. 25 de la Constitución Provincial ni de la Plataforma, y encuadra la solicitud de “la revocación de su mandato es una interna política”.
En su análisis, la Fiscalía analizó la “legalidad del procedimiento puesto en marcha (debido proceso), a los fines de salvaguardar el interés y orden público (art. 119 inc. c) Ley O 2431), tras lo cual, destaca que “se ha cumplido por parte del Partido Primero Río Negro con el procedimiento pautado por los legisladores”.
En concreto, el fiscal Hernan Trejo inicia su evaluación con que el partido Primero Rio Negro “ha iniciado un procedimiento que se encuentra legalmente previsto (denominado solicitud de revocación) claramente en pos del fortalecimiento del sistema democrático y orden republicano”.
Agrega que esa posibilidad “corresponde solo a los órganos competentes del partido (máximo órgano deliberativo)”.
Trejo entiende que la “revocatoria de mandato” es «una valiosa herramienta del sistema democrático que permite a los partidos, primero internamente y luego judicialmente, hacer efectiva la responsabilidad.de un funcionario (en este caso un legislador), retrotrayendo la confianza conferida por el electorado. Por ello, el instituto reviste tal gravedad que exige el riguroso cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
Enumera y convalida los pasos del partido en el proceso -entre otras, la aprobación de la solicitud judicial de revocación de mandato por las dos terceras partes del total de los miembros de la asamblea- y la existencia del “documento debidamente fundado, conteniendo a su entender la expresión concreta y detallada de los puntos de la plataforma electoral que fuera violados por el legislador cuestionado ( hecho endilgado)”.
Concluye que el partido “ajusto su accionar a las normas contenidas en la Ley electoral provincial y la Carta Orgánica partidaria vigente”; entonces no plantea objeciones jurídicas que formular para la continuación del procedimiento ante el Juzgado Electoral.
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