Dos integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Dora Fernández y Carlos Goinhex, fueron condenados a penas de prisión condicional por delitos cometidos en Campo Grande y Cinco Saltos.
Otros siete imputados accedieron a suspensiones de juicio a prueba. Todos son integrantes ATE arribaron a acuerdos con las querellas que representan a los municipios y con la fiscalía.
En total, se calcula que ATE desembolsó cerca de 100 millones de pesos para evitar la prisión efectiva de varios de sus miembros. El arreglo incluyó una reparación de todos los daños y compromisos a futuro para evitar conflictos violentos en reclamos sindicales.
Los acusados se comprometieron a futuro a no realizar actos hostiles ni acciones violentas contra edificios públicos municipales o provinciales. El acuerdo incluyó también indemnizar a integrantes de la policía provincial que fueron lesionados durante las protestas.
Los hechos se remontan en el caso de Campo Grande a lo sucedido entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre de 2020. El gremio coaccionó para lograr un aumento salarial por parte del en ese entonces presidente del Concejo Municipal Ariel Rivero. En la oportunidad se realizaron bloqueos y quema de cubiertas en la sede, en el corralón municipal y un corte sobre la Ruta Provincial 69 a la altura de Villa Manzano. También amedrentaron a distintos trabajadores y funcionarios para que no trabajaran ese día. Además dañaron el sistema de seguridad.
En el caso de Cinco Saltos fue durante los días 5 y 6 de abril de 2021 durante la gestión de la intendenta Liliana Alvarado. También los manifestantes bloquearon el acceso a dependencias durante más de 30 horas y se quemaron cubiertas. Uno de los momentos de mayor tensión sucedió cuando ingresaron a la sede municipal y por la fuerza expulsaron violentamente a trabajadores.
Dora Fernandez y Carlos Goinhex aceptaron su responsabilidad penal en el hecho y fueron condenados a una pena de cumplimiento condicional, además de una serie de pautas de conducta. Asimismo compraron materiales para reparar una sede de la Policía provincial y se decomisarán dos vehículos en favor de los Municipios de Campo Grande y de Cinco Saltos.