El juicio contra el exintendente de Cinco Saltos evidenció, una vez más, las dificultades que tiene el Ministerio Público con algunas investigaciones. Demoraron años en una causa por fraude, empezaron con cuatro imputados, promovieron un extenso debate y terminaron acusando a un solo funcionario. El alegato del fiscal jefe causó sorpresa, no solo a las partes, sino al propio tribunal que sellará la suerte de Germán Epul cuando firme su absolución.
Pero el plato fuerte de su presentación fue la decisión de pedir la absolución del exjefe comunal por el beneficio de la duda. Se adelantó a una posible decisión del tribunal con el argumento que no se pudo probar en el debate el «dolo» (es decir intencionalidad) de Epul en la supuesta maniobra delictiva.
Los hechos ocurrieron en la gestión Epul entre 2015 y 2019 fueron denunciados por la gestión siguiente a cargo de Liliana Alvarado. El Ministerio Público Fiscal tuvo años para realizar esta investigación e incluso Herrera dijo que fueron a fondo.
Lozano finalmente recibió una criterio de oportunidad a cambio de ser el testigo clave del proceso y lo fue porque sirvió para esclarecer las maniobras que hicieron con Palacios. El propio Herrera dijo que fue una estrategia y que podría ser discutible, pero que necesaria para esclarecer la actividad delictiva de Palacios, no así con Epul.
El fiscal jefe esgrimió que el exsecretario obligó a Lozano a participar a sabiendas que no tenía ningún requisito no solo para ganar la licitación sino para la entrega del material que al día de hoy sigue en deuda: «la calle sigue sin los adoquines», dijo Herrera. Pero además aseguró que Palacios ideó el plan delictivo y cada paso administrativo para llegar al fin.
El tribunal compuesto por las juezas Alejandra Berenguer, Florencia Caruso y el juez Julio Sueldo deben definir la responsabilidad penal del único acusado que quedó en el proceso. En caso de hallarlo penalmente responsable se debe realizar un juicio de cesura para la imposición de penas.